La derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020 marcó un cambio decisivo en el mapa regulatorio de las telecomunicaciones en Argentina. Con esta medida, el gobierno nacional dejó sin efecto la calificación de las TIC como “servicio público esencial”, eliminando los controles sobre tarifas y condiciones de prestación. La industria productiva, especialmente aquella que depende de la conectividad para avanzar hacia esquemas 4.0, observa con atención los efectos de esta desregulación.
Las grandes operadoras del sector, como Claro, Telefónica y Telecom, celebraron la decisión. A su entender, el DNU 690 había representado un obstáculo para la inversión, generando incertidumbre regulatoria y restricciones para ofrecer nuevos servicios. La Cámara Argentina de Internet (CABASE) y la GSMA también respaldaron el cambio, señalando que habilita un entorno de competencia y desarrollo tecnológico más dinámico.
Para el sector industrial, el nuevo esquema representa una ventana de oportunidad. La apertura del mercado y la competencia entre prestadores pueden traducirse en mejoras sustanciales en los servicios de conectividad, algo clave para avanzar en automatización, trazabilidad, big data e Internet de las Cosas (IoT). Las industrias ubicadas fuera de los grandes centros urbanos, en particular, podrían acceder por primera vez a soluciones robustas y asequibles.
En paralelo, el gobierno presentó el Plan Nacional de Infraestructura Crítica de Comunicaciones, con el objetivo de cerrar brechas de conectividad y facilitar el despliegue de redes en zonas desatendidas. Este programa contempla el desarrollo de una red troncal neutral y asistencia a pequeños prestadores, buscando equilibrar los beneficios de la desregulación con una política activa de inclusión digital.
Uno de los movimientos más significativos tras la liberalización fue el ingreso de nuevos actores, como Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, que comenzó a ofrecer servicios en regiones remotas del país. También se anunció el avance de los proyectos de Amazon Kuiper y OneWeb, que ofrecen tecnología satelital de baja latencia. Estas soluciones pueden ser estratégicas para polos productivos alejados de la infraestructura terrestre tradicional.
Sin embargo, el nuevo escenario no está exento de tensiones. Las cooperativas y pequeñas y medianas empresas TIC, que habían crecido en el marco regulado del DNU 690, alertan sobre el riesgo de concentración del mercado y la posibilidad de quedar fuera de juego si no se implementan medidas de protección y financiamiento. El Estado, señalan, no puede retirarse completamente del rol de regulador activo.
En este sentido, especialistas advierten que una “regulación inteligente” será clave para evitar prácticas monopólicas o abusos de posición dominante. “La liberalización puede ser positiva siempre que se garantice una competencia leal y se resguarden los derechos de los usuarios”, señaló en un reciente informe la consultora Deloitte.
Para la industria nacional, especialmente las pymes manufactureras y exportadoras, la mejora de la infraestructura digital es una condición necesaria para integrarse a cadenas globales de valor. Tecnologías como la inteligencia artificial, el mantenimiento predictivo o la gestión energética eficiente dependen de una conectividad estable, veloz y segura. La conectividad, en este contexto, ya no es un servicio complementario, sino una herramienta de competitividad.
El rol del Estado en este proceso es doble: garantizar reglas claras y fomentar las inversiones en aquellas zonas donde el retorno económico no está asegurado por el mercado. Por eso, el despliegue de fibra óptica y la expansión de redes móviles en regiones productivas del interior deben ser parte de una estrategia nacional de desarrollo industrial.
También es necesario pensar en la formación de talento. La transformación digital requiere técnicos, programadores y especialistas en telecomunicaciones. La conectividad no solo debe llegar a las fábricas, sino también a las escuelas técnicas, universidades y centros de capacitación. Sin recursos humanos calificados, las infraestructuras pueden volverse infrautilizadas.
La evolución del sector será monitoreada por el ENACOM, que también deberá asegurar transparencia en los procesos y establecer mecanismos de resolución de conflictos. El organismo anunció que realizará seguimientos periódicos para evaluar el impacto de la desregulación, incluyendo la calidad del servicio y la expansión territorial.
A nivel regional, la apertura del mercado argentino puede fortalecer la cooperación con países vecinos en materia de infraestructura digital. La integración tecnológica del Mercosur y acuerdos bilaterales con potencias tecnológicas como Estados Unidos o la Unión Europea pueden traducirse en nuevas inversiones y transferencia de conocimiento.
La desregulación de las telecomunicaciones abre una nueva etapa. Para el entramado industrial argentino, la posibilidad de acceder a mejores servicios puede traducirse en productividad, innovación y exportaciones. Pero el éxito del modelo dependerá de su capacidad para combinar libertad de mercado con políticas públicas activas, evitando que la conectividad del futuro se convierta en un privilegio.
