La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a expresar sus reparos al proyecto de ley conocido como Súper RIGI, al advertir que el esquema de beneficios excepcionales para grandes inversiones puede profundizar las asimetrías que ya enfrenta la producción nacional. El planteo refleja una preocupación creciente por el rumbo de la política industrial del Gobierno.
Durante la reunión de su Junta Directiva, la entidad sostuvo que el verdadero desafío no pasa por multiplicar regímenes de excepción, sino por mejorar las condiciones generales bajo las cuales compiten todas las empresas argentinas. En otras palabras, reclamó reglas que alcancen a todo el entramado productivo y no solo a proyectos puntuales.
La principal crítica apunta a que podría incentivar inversiones con escasa integración local si no se establecen mecanismos que obliguen a incorporar proveedores nacionales. Para la UIA, el crecimiento económico pierde calidad cuando no fortalece la industria existente.
En ese marco, la entidad propuso que al menos el 20% de la inversión obligatoria prevista en el régimen se destine exclusivamente a bienes con valor agregado nacional. El objetivo es evitar que el beneficio fiscal termine favoreciendo importaciones en detrimento de fabricantes argentinos.
También reclamó un esquema de integración progresiva que permita aumentar la participación de proveedores locales a medida que avancen los proyectos. La iniciativa busca transformar las grandes inversiones en motores de desarrollo industrial y no en simples enclaves productivos.
La discusión llega en un momento particularmente delicado para la actividad fabril. Según el Centro de Estudios de la UIA, la producción industrial registró una caída interanual del 0,8% en mayo, con fuertes retrocesos en sectores como automotriz, metalmecánica y bebidas.
Para los industriales, el problema no se limita al nuevo régimen de inversiones. La elevada presión tributaria continúa siendo uno de los principales obstáculos para competir tanto en el mercado interno como frente a productos importados.
El informe presentado en la Junta destacó que miles de pymes enfrentan crecientes dificultades por la acumulación de impuestos nacionales, provinciales y municipales, una estructura que, según la entidad, erosiona la rentabilidad y desalienta nuevas inversiones.
La UIA también puso el foco en el costo del financiamiento. Advirtió que Ingresos Brutos, el impuesto de Sellos y las tasas municipales generan un sobrecosto cercano al 20% para acceder al crédito, encareciendo la inversión productiva incluso cuando se refinancian préstamos ya existentes.
El contraste con el Súper RIGI es evidente. Mientras el Gobierno impulsa beneficios extraordinarios para atraer grandes capitales, buena parte del sector industrial sostiene que las empresas que ya producen en el país siguen operando con una carga tributaria y financiera que limita su competitividad.
La advertencia de la UIA trasciende el debate técnico. La entidad considera que una estrategia de desarrollo no puede depender exclusivamente de incentivos excepcionales, sino de un marco económico estable que permita crecer a todo el tejido productivo, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
El mensaje al Gobierno fue claro: atraer inversiones es un objetivo compartido, pero el desafío consiste en evitar que los nuevos beneficios convivan con una industria nacional que continúa soportando costos estructurales elevados y condiciones de competencia cada vez más exigentes.
