La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) cuestionó el esquema de cobros implementado por la Municipalidad de Ramallo sobre el tránsito pesado que utiliza el denominado Acceso Sánchez, una vía de 5,1 kilómetros que conecta la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás.
El reclamo empresario apunta a la instalación de pórticos tecnológicos vinculados con la Licitación Pública N° 3/25. Según la CAC, las tarifas llegan hasta $37.000 por el pesaje dinámico y suman otros $25.000 por el ingreso a determinados predios.
La entidad sostiene que el problema se agrava porque no existen caminos alternativos para el ingreso o egreso del transporte pesado. Por ese motivo, considera que el sistema termina funcionando en los hechos como un peaje municipal sobre una vía necesaria para la actividad productiva.
La CAC también cuestionó la relación entre el monto de los cargos y la extensión del tramo afectado. Según la entidad, el costo por kilómetro resulta desproporcionado frente a las tarifas vigentes en otros corredores viales y puentes interjurisdiccionales.
A este esquema se suma una sobretasa del 2% sobre cada litro de combustible comercializado, que la Municipalidad de Ramallo aplica desde enero. Para las empresas de transporte, la acumulación de estos cargos representa un nuevo componente dentro de la estructura de costos logísticos.
La preocupación alcanza especialmente a las industrias y establecimientos productivos vinculados con el parque industrial y la actividad portuaria de la zona. El transporte pesado es un eslabón central para el movimiento de materias primas, insumos y productos terminados.
En ese contexto, la CAC respaldó las acciones administrativas y judiciales iniciadas por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). También reclamó la intervención del Ministerio de Economía de la Nación y de las autoridades bonaerenses.
El planteo forma parte de una discusión más amplia sobre las tasas y mecanismos de recaudación aplicados por municipios y provincias al tránsito de mercaderías. Las entidades empresarias advierten que estos esquemas pueden fragmentar el sistema logístico y elevar los costos de circulación dentro del país.
La CAC mencionó además el caso de Misiones, donde cuestiona determinados regímenes de recaudación aplicados sobre las cargas que atraviesan la provincia. Según la entidad, esos mecanismos pueden generar retenciones, costos adicionales y hasta desvíos de los transportistas para evitar determinadas rutas.
Para el sector empresario, la multiplicación de estos cargos termina trasladándose a la cadena de costos y puede afectar tanto los precios internos como la competitividad de las exportaciones. El conflicto de Ramallo vuelve así a poner en discusión el impacto que tienen las cargas subnacionales sobre la logística y la producción.
