La discusión por la propiedad intelectual en semillas volvió a ocupar un lugar central en el Congreso A Todo Trigo 2026, realizado recientemente en Mar del Plata, donde referentes del sector privado, entidades rurales y funcionarios nacionales debatieron sobre el futuro de la ley de semillas, el uso propio y la eventual adhesión de la Argentina a UPOV 91.
El panel reunió al director del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari; al representante de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Ricardo Fernández Pancelli; a Lucas Amadeo, del Grupo Don Mario (GDM); y a los dirigentes rurales Tomás Palazón, de Sociedad Rural Argentina (SRA), y Pablo Ginestet, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Más allá de las diferencias, el encuentro dejó un dato político relevante: tanto la industria semillera como las entidades rurales coincidieron en que el sistema actual necesita una actualización para mejorar el acceso a biotecnología, fortalecer la innovación y dar mayor previsibilidad al sector.
Uno de los principales consensos giró en torno al uso propio de semillas. Por primera vez, representantes rurales admitieron que el esquema no puede seguir siendo completamente gratuito y plantearon avanzar hacia un sistema oneroso con reconocimiento económico por el uso de tecnología.
Desde CRA señalaron que la propuesta de la Mesa de Enlace contempla regalías por un período determinado, tras el cual la variedad quedaría liberada. “¿Estamos dispuestos a pagar por la tecnología? Sí”, sintetizó Ginestet durante el debate.
La industria semillera celebró ese acercamiento, aunque todavía persisten diferencias sobre la duración del reconocimiento económico, los límites según escala productiva y las excepciones para pequeños productores.
Otro de los ejes más calientes del panel fue la adhesión de la Argentina a UPOV 91, el convenio internacional que regula la protección de obtenciones vegetales y que hoy impulsa el Gobierno nacional como parte de las negociaciones comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea.
Desde ASA defendieron la adhesión al considerar que UPOV 91 representa el estándar internacional más moderno para proteger la innovación genética y mejorar las condiciones de inversión en investigación y desarrollo.
Sin embargo, las entidades rurales marcaron reparos. Tomás Palazón sostuvo que la Argentina podría diseñar un esquema propio adaptado a los nuevos avances tecnológicos, como inteligencia artificial, edición génica y genómica, tecnologías que no existían cuando se firmó el convenio en 1991.
En esa línea, desde CRA insistieron en que la discusión no debe limitarse a elegir entre UPOV 78 o UPOV 91, sino a definir cómo se reglamentará el sistema y qué grado de confianza existirá entre productores, semilleros y el Estado.
El director del INASE confirmó durante el panel que el Gobierno enviará al Congreso el proyecto de adhesión a UPOV 91, aunque aclaró que el compromiso asumido con Estados Unidos se limita únicamente a esa presentación legislativa.
La discusión también alcanzó al sistema Sembrá Evolución y a los contratos privados utilizados para el reconocimiento de propiedad intelectual. Las entidades rurales reclamaron que ciertos aspectos de la futura ley sean considerados de “orden público” para impedir modificaciones contractuales unilaterales.
Los productores cuestionaron cláusulas vinculadas a inspecciones, controles y reclamos sobre mercadería ya comercializada, mientras que desde el sector semillero defendieron el funcionamiento del sistema aunque reconocieron disposición a revisar algunos mecanismos.
Desde GDM, Lucas Amadeo advirtió que la falta de un marco normativo moderno afecta la competitividad de la Argentina frente a otros países de la región. Según explicó, desarrollar una nueva variedad puede demandar entre seis y diez años de trabajo y millones de cruzamientos.
El representante de GDM sostuvo además que un sistema más cercano a UPOV 91 permitiría acelerar la ganancia genética y potenciar desarrollos vinculados a tolerancia al estrés hídrico, resistencia a enfermedades y mejoras de calidad, en un contexto donde Brasil ya cuenta con muchos más programas de mejoramiento activos.
Sobre el cierre del panel también aparecieron cuestionamientos a las iniciativas impulsadas desde el Ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, para reforzar controles y fiscalización. Las entidades rurales reclamaron que cualquier cambio sea discutido de manera integral y evitaron respaldar resoluciones parciales que, según advirtieron, podrían generar más burocracia y conflictos operativos para productores, acopios y exportadores.
