El reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advierte que el precio de la nafta súper registró en marzo un incremento del 21% en términos reales como consecuencia del impacto de la guerra sobre el mercado internacional de petróleo, reubicando los valores actuales en niveles similares a los de julio de 2021 y reabriendo un frente crítico para la estructura de costos de la economía productiva.
Desde una mirada industrial, el dato no es menor: el combustible no solo incide en el transporte, sino que atraviesa transversalmente toda la cadena productiva, desde la logística hasta los insumos derivados de la petroquímica. En ese sentido, cada salto en el precio real de la energía termina amplificándose en costos y márgenes a lo largo de múltiples sectores.
El informe también pone en evidencia un factor central muchas veces subestimado: el rol del impuesto a los combustibles. Entre 2018 y comienzos de 2024, su valor real se desplomó hasta un 88%, producto de la falta de actualización en un contexto inflacionario, lo que contribuyó a amortiguar parcialmente el precio final durante esos años.
Sin embargo, a partir de 2024 comenzó una recomposición parcial del tributo, que hoy se ubica en torno a los $367 por litro, aunque todavía permanece un 38% por debajo de los niveles reales de 2018. Este atraso relativo sigue funcionando como un “ancla” que contiene el precio final, pero al mismo tiempo introduce una tensión fiscal creciente.
De hecho, el propio IARAF plantea un ejercicio contrafáctico contundente: si el impuesto hubiese mantenido su valor real original, el precio de la nafta sería hoy aproximadamente un 11% más alto. Es decir, parte del actual equilibrio de precios descansa en una carga tributaria todavía incompleta.
El problema es que el shock reciente no proviene del frente interno sino del externo. La suba del petróleo en el marco del conflicto bélico generó un salto abrupto del precio, que pasó de $1.657 en febrero a $2.000 en marzo en valores constantes, explicando el incremento real del 21% en apenas un mes.
Este tipo de movimientos expone la vulnerabilidad estructural de la economía argentina frente a los ciclos internacionales de la energía, un factor particularmente sensible para una industria que ya opera con niveles de competitividad ajustados y con dificultades para trasladar costos a precios finales.
En este contexto, surge el debate sobre la posibilidad de amortiguar el impacto vía reducción impositiva. El informe señala que para neutralizar completamente el aumento reciente sería necesario recortar el impuesto a los combustibles en más de un 90%, una medida de alto impacto fiscal.
El costo de esa decisión no es menor: el tributo representa alrededor del 3,3% de los ingresos nacionales y además es coparticipable, por lo que su eventual reducción implicaría resignar recursos tanto para el Estado nacional como para provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Pero el impacto más inmediato se observa en el frente social y productivo. La capacidad de compra del salario registrado medida en litros de nafta cayó un 17% solo entre febrero y marzo, consolidando una tendencia descendente que limita el consumo y, en consecuencia, el nivel de actividad.
Para la industria, esta combinación es especialmente compleja: costos energéticos en alza y demanda interna debilitada. Es el escenario clásico de compresión de márgenes, donde las empresas enfrentan mayores costos sin la posibilidad de trasladarlos plenamente a precios.
En definitiva, el informe del IARAF deja al descubierto una tensión estructural difícil de resolver en el corto plazo: entre la necesidad de sostener la recaudación, la presión de los precios internacionales de la energía y la pérdida de poder adquisitivo. En ese triángulo, la industria vuelve a quedar en el centro de una ecuación que condiciona su competitividad y su capacidad de crecimiento.
