En el marco del Plenario de Comisiones del Senado, convocado para debatir el Proyecto de Modernización Laboral 2025, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, expuso una posición contundente sobre el funcionamiento del sistema laboral argentino y su impacto directo en el empleo formal.
Rappallini abrió su intervención con un diagnóstico sin rodeos: el régimen laboral vigente fracasó en su objetivo central. Según señaló, en los últimos 15 años la Argentina no logró crear empleo privado registrado, mientras la informalidad alcanzó a casi el 45% de los trabajadores, dejando afuera a millones de personas del sistema.
En ese contexto, sostuvo que la informalidad no responde a una elección voluntaria, sino a un diseño institucional que desalienta la formalidad. Para el titular de la UIA, cuando contratar se vuelve costoso, riesgoso e imprevisible, el empleo se fragmenta y el trabajo no registrado se expande como mecanismo de supervivencia.
Uno de los ejes centrales de su exposición fue la litigiosidad laboral. Rappallini afirmó que el actual esquema judicial convirtió el conflicto en regla y se transformó en el principal freno a la creación de empleo formal, generando un clima de permanente incertidumbre para las empresas.
El dirigente industrial remarcó una paradoja del sistema: mientras la siniestralidad laboral cayó más de un 70% en los últimos 15 años gracias a inversiones en prevención y tecnología, los juicios laborales crecieron de manera explosiva por un sistema de incentivos mal diseñado.
Para dimensionar el problema, comparó a la Argentina con otros países de la región. Indicó que el país registra 114 juicios cada 10.000 trabajadores, frente a apenas 6 en Chile, pese a tener niveles de siniestralidad similares, una brecha que atribuyó a la judicialización excesiva.
Rappallini advirtió que el volumen de litigios es incompatible con un sistema laboral sano: actualmente hay más de 300.000 juicios en curso y un stock cercano a 640.000 causas acumuladas, lo que equivale a más del 10% del empleo registrado total.
El impacto es especialmente crítico en las pequeñas y medianas empresas. Según explicó, para una PyME un solo juicio puede implicar la quiebra, paralizar decisiones de inversión y destruir puestos de trabajo formal.
En ese marco, señaló que contratar dejó de ser una decisión de crecimiento para muchas compañías y pasó a percibirse como un riesgo ilimitado, lo que termina alimentando la informalidad y frenando la generación de empleo genuino.
Finalmente, Rappallini defendió el proyecto de modernización laboral en debate como una herramienta para ordenar, equilibrar y dar previsibilidad al sistema. Sostuvo que sin una reforma laboral que actualice las reglas al siglo XXI, el crecimiento económico por sí solo no será suficiente para recuperar un empleo formal sostenible en la Argentina.
