En los últimos años, el agro argentino ha comenzado a transitar una transformación forzada en su esquema de protección frente a eventos climáticos. La combinación entre una creciente exposición a sequías, granizo e inundaciones, y la retracción estatal en materia de subsidios y cobertura, ha dejado al sector ante la necesidad de reestructurar sus mecanismos de defensa, apostando por la innovación privada.
Los datos muestran un contexto alarmante. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, más de 1,1 millón de hectáreas de soja de segunda en la zona núcleo fueron afectadas por estrés hídrico durante el verano 2024/25. En paralelo, la inundación en Bahía Blanca dejó más de 15 mil hectáreas improductivas en una semana, demostrando la velocidad del impacto climático. A esto se suma el aumento sostenido de la temperatura: 2024 fue el año más cálido desde que hay registros, superando por primera vez los 1,5 ºC por encima de la era preindustrial.
En ese marco, el retiro del Estado marca un punto de inflexión. El Presupuesto 2025 recortó en más del 50% las partidas asignadas a asistencia agropecuaria directa, y el sistema de subsidios a primas de seguro se encuentra virtualmente paralizado. Mientras tanto, sólo el 6% de la superficie cultivada en Argentina está hoy asegurada, frente al 80% de Estados Unidos y el 45% de Brasil, según datos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Este escenario impulsa el crecimiento de herramientas como los seguros paramétricos, que se activan automáticamente según variables climáticas previamente pactadas. En 2024 se lanzó en Argentina un producto para tambos basado en el Índice de Precipitación Estandarizado (IPE), con más de 300 establecimientos adheridos en su primera etapa. Aunque aún incipiente, representa un avance frente a esquemas tradicionales más lentos y burocráticos.
El uso de tecnologías aplicadas -como imágenes satelitales, sensores de suelo e inteligencia artificial- permite modelar riesgos con precisión y personalizar las pólizas. Empresas como S4AgTech o DeepAgro están desarrollando productos que cruzan datos climáticos con proyecciones de rindes y perfiles del suelo. Estas herramientas ya son parte de programas de aseguradoras privadas y de agronegocios que buscan contener el riesgo sin intervención pública.
Pero el acceso a estos productos aún está concentrado. De acuerdo al INTA y al Ministerio de Bioeconomía de Córdoba, menos del 12% de los pequeños productores agropecuarios tiene seguros contratados, frente al 65% de los grandes. La brecha crece a medida que el Estado se retira, y podría convertirse en un factor de concentración si no se adoptan medidas compensatorias desde el cooperativismo o el financiamiento multilateral.
La falta de cobertura no sólo pone en riesgo al productor: compromete el abastecimiento de industrias vinculadas, como la molienda, la bioenergía y la maquinaria agrícola. Según la UIA, los desastres climáticos provocaron pérdidas estimadas en USD 3.000 millones para la agroindustria en los últimos tres años, impactando en el empleo y en la balanza comercial.
Frente a esto, comienzan a surgir esquemas colectivos. En Santa Fe, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) impulsa la contratación grupal de seguros para sus asociados, mientras que entidades como Coninagro y CREA promueven alianzas con aseguradoras para llegar a los productores más chicos con condiciones accesibles.
También se plantea la necesidad de avanzar en educación financiera y climática. Según un relevamiento de FADA, el 40% de los productores desconoce qué tipo de coberturas están disponibles y cómo funcionan los nuevos sistemas. Esto impide tomar decisiones estratégicas, especialmente ante eventos que cada vez ocurren con mayor frecuencia e intensidad.
La transición hacia un esquema sin intervención estatal puede derivar en innovación y eficiencia, pero requiere planificación y visión sistémica. El desafío es construir una red de contención inteligente, equitativa y con base tecnológica, que proteja no sólo al productor, sino a toda la cadena agroindustrial que depende del agro como motor productivo.
