El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), establecido por la Ley Bases en 2024, es una herramienta clave del gobierno de Javier Milei para atraer inversiones superiores a los USD 200 millones en sectores estratégicos como energía, minería, tecnología, infraestructura y turismo. A cambio, las empresas acceden a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. La medida apunta a motorizar el crecimiento económico y la generación de empleo privado en sectores considerados “tractores”.
Hasta abril de 2025, se presentaron once proyectos bajo este régimen, con un monto total de inversión comprometido que supera los USD 11.500 millones. De ese total, dos fueron aprobados formalmente: el Parque Solar El Quemado, de YPF Luz, con una inversión de USD 211 millones en Mendoza; y el Oleoducto Vaca Muerta Sur, con una inversión de USD 2.900 millones liderada por YPF y otras empresas, que permitirá duplicar las exportaciones de petróleo desde la Cuenca Neuquina hacia el puerto de Punta Colorada, en Río Negro.
En paralelo, otros proyectos avanzan en evaluación. Entre ellos, se destacan una nueva etapa de extracción de litio por parte de Posco Argentina en Salta (USD 1.000 millones); la expansión del proyecto Hombre Muerto Oeste de Galán Lithium en Catamarca (USD 200 millones); la reactivación y ampliación de la mina Gualcamayo en San Juan, por Minas Argentinas SA (USD 1.000 millones); un parque eólico en Olavarría impulsado por PCR y Acindar (USD 255 millones); y una planta siderúrgica de Sidersa en San Nicolás (USD 300 millones).
El RIGI ofrece ventajas clave para captar capitales: reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, amortización acelerada de bienes, devolución rápida del IVA y cómputo del 100% del impuesto al cheque como crédito fiscal. A nivel aduanero, se elimina el pago de derechos de importación para bienes de capital e insumos, y se exime del pago de derechos de exportación durante los primeros tres años. A eso se suma una estabilidad normativa de 30 años, lo que constituye una señal de previsibilidad para los inversores.
En el plano cambiario, los exportadores que ingresen al RIGI podrán acceder de forma gradual a la libre disponibilidad de divisas obtenidas por sus ventas: 20% el primer año, 40% el segundo y 100% desde el tercero. Este punto ha sido señalado como uno de los grandes atractivos del régimen, en un país que históricamente impuso fuertes restricciones al acceso al dólar.
Sin embargo, no todo es respaldo. Desde el sector industrial pyme y algunas entidades gremiales empresarias se advierte que el RIGI puede alentar una competencia desleal, al permitir la importación de insumos y bienes de capital sin aranceles, sin obligación de comprar a proveedores locales, y con ventajas fiscales que no se replican para el resto de las empresas.
También hay cuestionamientos desde sectores ambientalistas, que denuncian que el RIGI puede consolidar un modelo extractivista sin controles adecuados ni exigencias de remediación. La posibilidad de acceder a amplios beneficios sin una evaluación ambiental rigurosa genera inquietudes, sobre todo en proyectos mineros y petroleros en zonas de alto valor ecológico o de fuerte resistencia social.
A nivel institucional, otra de las polémicas gira en torno a la adhesión de las provincias. Aunque la norma establece que el régimen es nacional, se abre la discusión sobre si las jurisdicciones locales deben adherir formalmente o si basta con la decisión de la Nación. Esto podría afectar la autonomía fiscal y regulatoria de los gobiernos subnacionales.
Más allá de las críticas, el gobierno celebra cada nuevo proyecto presentado como una señal de confianza en el rumbo económico. Para el oficialismo, el RIGI es un factor de atracción de inversiones que permitirá cambiar la matriz productiva del país, incorporar tecnología, generar divisas y empleos formales.
Desde sectores opositores, en cambio, se cuestiona que los beneficios fiscales del régimen implicarán una menor recaudación impositiva, sin garantía de que esas inversiones derramen en el entramado productivo local. También se plantea la posibilidad de judicialización en caso de cambios futuros en las reglas del juego.
El debate sobre el RIGI también llegó al plano internacional. En su último informe, el FMI valoró positivamente la creación de marcos jurídicos estables para fomentar la inversión, aunque advirtió sobre los riesgos que conllevan regímenes especiales que comprometen la capacidad tributaria futura del país.
Concretamente, el RIGI se presenta como una herramienta potente para acelerar grandes proyectos, pero su diseño genera tensiones entre la búsqueda de inversiones y la necesidad de proteger el entramado industrial y ambiental del país. La forma en que se implemente y se fiscalice marcará su impacto real.
En los próximos meses, se espera que nuevos proyectos accedan a los beneficios del régimen. Según fuentes del Ministerio de Economía, hay más de una decena de iniciativas en distintas etapas de análisis. El gobierno apuesta a que la mayoría quede aprobada antes de fin de año para mostrar resultados concretos.
De cómo evolucione el RIGI dependerá buena parte de la estrategia de crecimiento del gobierno liberal de Javier Milei. Pero también, el futuro del modelo de desarrollo productivo que se construya en la Argentina.
