El reciente Decreto 273/25, que elimina el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), reavivó un debate clave para el entramado industrial argentino. Por un lado, miles de pequeñas y medianas empresas ven en esta medida una posibilidad concreta de acceder a tecnología más accesible para modernizar sus líneas de producción. Por el otro, distintas voces industriales advierten sobre los riesgos de habilitar el ingreso de maquinaria obsoleta o sin controles técnicos adecuados, lo que podría generar una competencia desleal frente a la producción nacional.
La eliminación del CIBU no puede leerse como un simple gesto de apertura comercial. En juego está la forma en que Argentina construye su política industrial, equilibra intereses dentro de su tejido productivo y proyecta su desarrollo a mediano plazo. El certificado no era una barrera arancelaria ni un obstáculo burocrático caprichoso: se trataba de una herramienta diseñada para evitar que el país se transforme en un destino final de equipamiento descartado por otras economías.
Sin embargo, también es cierto que muchas PyMEs industriales vienen reclamando desde hace tiempo la posibilidad de incorporar maquinaria usada como una solución concreta a los problemas de escala, productividad y falta de financiamiento. En un contexto donde el crédito escasea y el costo de capital sigue siendo elevado, permitir el acceso a equipamiento -aunque sea de segunda mano- puede ser una forma de evitar la parálisis o el estancamiento tecnológico.
La tensión entre estos dos enfoques es real y legítima. Existen sectores que necesitan imperiosamente renovar su parque industrial para poder competir, al mismo tiempo que otros advierten que esta flexibilización podría afectar el mercado interno y poner en riesgo capacidades instaladas que costaron décadas construir. Lo importante es reconocer que ambos forman parte de un mismo ecosistema, y que las políticas públicas deberían buscar articular intereses antes que enfrentarlos.
La industria nacional debe ser pensada como un todo. Las decisiones que se toman sobre un eslabón repercuten en el resto de la cadena. Abrir la puerta a maquinaria usada sin un marco regulatorio adecuado puede ser funcional para ciertos sectores, pero también puede provocar un retroceso en términos de calidad, seguridad laboral y desarrollo tecnológico si no se establecen estándares mínimos que ordenen ese flujo.
Actualmente, el sector metalmecánico emplea a más de 300.000 trabajadores de forma directa y representa el 5% del Producto Bruto Interno nacional y el 25% del valor agregado industrial. Está compuesto por más de 20.000 empresas, en su mayoría PyMEs, con fuerte presencia en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza. Además, genera exportaciones que promedian los 5.000 millones de dólares anuales. Esos números ayudan a dimensionar lo que está en juego en esta discusión.
El desarrollo industrial argentino siempre ha estado marcado por este tipo de tensiones. No se trata de optar entre una economía cerrada o abierta, sino de construir reglas de juego claras que permitan modernizar sin desindustrializar, competir sin destruir empleo, incorporar tecnología sin resignar capacidades locales.
Una política industrial inteligente debería permitir el ingreso de maquinaria usada bajo criterios técnicos rigurosos: certificaciones de funcionamiento, antigüedad máxima, impacto ambiental, origen y trazabilidad. No se trata de frenar el acceso a la tecnología, sino de evitar que la necesidad urgente de muchas empresas se traduzca en una puerta abierta a chatarra importada o equipos inseguros.
En paralelo, es imprescindible revisar el contexto en el que se toman estas decisiones. La competitividad argentina está afectada por múltiples factores: carga impositiva, trabas logísticas, costos laborales ocultos, marcos regulatorios complejos. Sin resolver esos nudos estructurales, ninguna apertura comercial —ni selectiva ni total— podrá traducirse en desarrollo sostenido.
Hay una oportunidad clara de potenciar el perfil industrial del país, sobre todo a partir de los recursos energéticos y minerales que pueden ser la base de nuevas cadenas de valor. Para eso se necesita una estrategia de largo plazo que articule producción local, incorporación tecnológica y generación de empleo. No alcanza con desregular: hay que planificar.
La mirada industrialista no es nostálgica ni conservadora. Por el contrario, exige adaptarse a los nuevos tiempos sin resignar el protagonismo productivo. La tecnología -nueva o usada- debe ser un instrumento para mejorar capacidades y no una excusa para desarmar sectores que todavía tienen mucho para dar.
Si el objetivo es reconstruir una economía sólida, con generación de valor agregado y empleo de calidad, entonces la discusión no puede limitarse a medidas puntuales. Debe incluir una visión más amplia sobre cómo se defiende y se proyecta la industria argentina. Y eso implica escuchar a todos los actores, con sus diferencias, pero con el compromiso compartido de poner a producir al país.
