El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) comenzó a mostrar sus primeros resultados concretos con una serie de proyectos aprobados que ya comprometen miles de millones de dólares en sectores estratégicos como energía y minería.
Según datos difundidos por el Gobierno y relevados por distintos medios, las iniciativas aprobadas bajo este esquema alcanzan montos que, en conjunto, superan los 18.000 millones de dólares, con presencia en múltiples provincias y foco en la generación de divisas.
El despliegue territorial del RIGI incluye proyectos en Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe, lo que marca un perfil federal de las inversiones, aunque con fuerte concentración en recursos naturales y energía.
Entre los proyectos más relevantes se destacan desarrollos vinculados a Vaca Muerta, infraestructura petrolera y gasífera, energías renovables y minería de litio, oro y cobre, todos sectores con alto potencial exportador en el mediano plazo.
Uno de los casos emblemáticos es el oleoducto Vaca Muerta Sur, que ya presenta avances de obra significativos y apunta a incrementar la capacidad de exportación de crudo, consolidando a la Argentina como proveedor energético global.
En minería, varios proyectos aprobados refuerzan el perfil exportador. Iniciativas en San Juan, Salta y Catamarca prevén inversiones por más de 1.100 millones de dólares y exportaciones anuales estimadas en torno a los 750 millones de dólares, además de la generación de empleo directo e indirecto.
También se destacan proyectos de litio en el norte argentino, con inversiones cercanas a los 2.500 millones de dólares, orientados a abastecer la demanda global de baterías y electromovilidad.
En el segmento del cobre, proyectos en San Juan prevén inversiones del orden de los 2.700 millones y exportaciones anuales que podrían superar los 1.000 millones, lo que podría reinsertar al país en el mercado global de este mineral estratégico.
En términos agregados, distintas estimaciones coinciden en que el RIGI ya acumula entre 18.000 y más de 25.000 millones de dólares en proyectos aprobados o comprometidos, dependiendo del corte temporal considerado, lo que refleja la dinámica creciente del esquema.
A nivel macroeconómico, el impacto empieza a reflejarse en el ingreso de divisas, con flujos asociados a estos proyectos que ya comienzan a registrarse y aportan alivio al frente cambiario.
El objetivo central del RIGI es justamente acelerar la generación de dólares genuinos a través de exportaciones, en sectores donde Argentina tiene ventajas comparativas, como hidrocarburos y minería.
El régimen establece un marco de estabilidad a largo plazo -de hasta 30 años- y otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos que superen los 200 millones de dólares de inversión, buscando reducir la incertidumbre regulatoria.
Entre esos beneficios se incluyen incentivos impositivos, facilidades para importar bienes de capital, disponibilidad de divisas y mecanismos de protección jurídica, elementos clave para atraer inversiones de gran escala en un contexto macroeconómico desafiante.
Desde la perspectiva de la balanza comercial, la mayoría de los proyectos aprobados tiene un fuerte sesgo exportador, con estimaciones que apuntan a incrementos sustanciales en las ventas externas de energía y minerales en los próximos años.
En paralelo, el Gobierno mantiene en evaluación decenas de proyectos adicionales, lo que podría ampliar significativamente el volumen total de inversiones y consolidar al RIGI como una de las principales herramientas de política económica para la captación de capitales.
Más allá del debate político y regulatorio que rodea al esquema, el RIGI comienza a materializarse en obras, desembolsos y flujos de exportación proyectados, configurando un nuevo mapa de inversiones que podría redefinir el perfil productivo y externo en la próxima década.
